La Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) informó que el Programa de Atención a Víctimas, coadyuvará como perito independiente en la exhumación e identificación de los cadáveres que se encuentren en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Jojutla al sur de esa entidad.
La autoridad del estado accedió a exhumar otros 68 cuerpos enterrados en una fosa común ubicada en Jojutla, después que la Fiscalía General de Morelos reconociera de facto, y los hechos de Tetelcingo confirmaran que el estado cuenta con sus propias fosas comunes clandestinas donde inhuma sin permiso y de manera subrepticia cadáveres que nadie reclama, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de investigación, ni constancia alguna del levantamiento del cuerpo.
Los hallazgos de este proceso se sumarán al concluido recientemente en Tetelcingo –municipio de Cuautla- donde fueron desenterrados 117 cadáveres que también fueron cubiertos de manera ilegal.
Aunque todavía no hay fecha para iniciar estos trabajos, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, quien encabezó los peritajes independientes de identificación en Tetelcingo, dijo en entrevista que les preocupa la lentitud con la que el gobierno del perredista Graco Ramírez realiza las gestiones para iniciar el proceso de identificación de víctimas en Jojutla.
“Para garantizar el derecho de las víctimas de desaparición a participar de manera activa en la búsqueda de sus familiares, fue un trabajo de siete meses, en Tetelcingo, ahora hablamos que sabemos de la existencia de la fosa de Jojutla desde noviembre del 2015 y la fiscalía solo dice que está dispuesta a colaborar en la investigación pero no nos ha dado fecha de cuándo se abriría esa fosa para comenzar la identificación”.
Roberto Villanueva, quien se ha convertido en la voz de esperanza de cientos de familias en Morelos, que viven con la desesperación de tener algún familiar desaparecido desde hace meses o incluso años, afirma que la experiencia en Tetelcingo servirá para no cometer los mismos errores con la autoridad del estado, en quien confiaron que coadyuvaría en los trabajos de exhumación y dado el momento no solo pusieron trabas para realizar su labor, sino que descalificaron la misma.
“Tenemos varias preocupaciones desde Tetelcingo, pero esperamos que ahora sean más transparentes en sus procesos de identificación, y si no lo hacen así, vamos a estar ahí para obligarlos junto con los familiares de las víctimas a que cumplan con el derecho que tienen los cuerpos a una identificación e investigación, para saber qué fue lo que sucedió con ellos, cómo es que llegaron ahí y quiénes eran”, comentó Roberto Villanueva.
Cabe recordar que meses antes que la Fiscalía General del Estado permitiera la exhumación de restos en Tetelcingo, el fundador del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad, Javier Sicilia, denunció que además de esas fosas, había otras más en Jojutla al sur de la entidad.
Días después que el poeta lanzará su acusación, por medio de redes sociales se dieron a conocer otros lugares donde posiblemente se habrían enterrado cuerpos de forma ilegal, no sólo por la autoridad del estado, sino por grupos del crimen organizado que controlan la entidad.
“Hay personas que se han acercado a la Universidad para informarnos de otras posibles fosas, esto era un proceso que esperábamos, sabíamos que llevando a cabo este primer trabajo de exhumación (en Tetelcingo) habría gente preocupada por el manejo de cuerpos, no sólo por parte de la fiscalía sino también de fosas del narco.
Pero la única forma de comprobar cuántas fosas puede haber en el estado es que la fiscalía cumpla con la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Morelos -el 21 de diciembre de 2015- y entregue el informe requerido por el organismo sobre el número total de fosas que existen en la entidad”, detalló el especialista forense.
Como acotación sobre este último punto apenas el miércoles primero de junio el gobierno de Morelos y la propia Fiscalía General del Estado solicitaron una nueva prórroga a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para cumplir con esta y otras siete recomendaciones emitidas por el organismo en diciembre de 2015 sobre el caso Tetelcingo.
Ante la omisión de la fiscalía estatal de presentar a más tardar en febrero pasado un informe sobre el número de fosas comunes que existen en todo el estado, la CDH de Morelos envió el pasado 19 de mayo un nuevo recordatorio a la FGE, para que dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles revele esta información, que incluye la ubicación de cada una y el número de cuerpos ahí depositados en los últimos cinco años.
Hay otros 100 cadáveres
Además de los cadáveres en fosas clandestinas que el gobierno de Morelos se negó a investigar conforme al protocolo de ley, existen al menos otros cien cuerpos que se mantienen en las cámaras frigoríficas de la fiscalía del estado sin identificar.
“Sobre este caso esperamos que puedan tener una nueva identificación y trasparentar la verdad de lo sucedido, es importante para la dignificación de los cuerpos que están aún en resguardo de la fiscalía del estado”, precisó Roberto Villanueva.
El origen de todo
Los trabajos de exhumación de cadáveres de las fosas clandestinas de Tetelcingo, en el estado de Morelos, concluyeron el pasado 3 de junio. Tras doce días de labor forense, se recuperaron 117 cadáveres que el gobierno de la entidad envío a la fosa común violando todos los protocolos para el caso.
Cabe recordar que estás fosas clandestinas se descubrieron gracias al caso de Oliver Navarrete Hernández, un joven de 31 años de edad que fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos; 10 días después su cadáver fue hallado en la barranca de los Papayos en el municipio de Ayala.
Sus familiares reclamaron el cuerpo, a pesar de estar plenamente identificado, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en una fosa común clandestina en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, sin seguir los protocolos marcados por la ley en el predio de Las Cruces, el cual ni siquiera cuenta con el permiso del ayuntamiento para operar como cementerio.
Luego de una lucha legal que duró ocho meses y 12 días, la madre de Oliver, María Concepción doblegó a la Fiscalía la cual se vio obligada a admitir que el cadáver había sido inhumado de manera “errónea” y autorizó la diligencia de exhumación el 9 de diciembre de 2014.