El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
De acuerdo con las autoridades, dos personas llevaron a una mujer que le rentaba un cuarto a la pareja; asimismo, en el operativo participaron 20 elementos de élite.
Imagen tomada de Google Street View.
Posterior al anuncio de la detención, el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega —quien tomó el cargo tras la solicitud de licencia del perredista Ángel Aguirre—, se refirió a la detención de la pareja que hasta este momento está en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se les realizaron exámenes médicos previo a rendir su declaración.
Se prevé un mensaje oficial a las 11 horas para anunciar las detenciones.
Abarca tiene tres ordenes de aprehensión. Una, por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas que ocurrió en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas hoy desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policial municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y posteriorintervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes— y la desaparición de los 43 estudiantes.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
El 22 de octubre, Murillo ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.
Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”.