Para explicar el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que dilucidar la relación del grupo delictivo Guerreros Unidos con la coalición política Guerrero Nos Une, que encabezó el PRD en la campaña para gobernador del estado y para presidente municipal de Iguala.
Parecidos hasta en el nombre, esas organizaciones son hasta ahora la más clara muestra ante el mundo del fracaso de “la guerra al narcotráfico” impulsada por Felipe Calderón y mantenida por Peña Nieto, sólo que sin la propaganda violenta del expresidente panista.
Ahora enfrentadas en su afán de negar la paternidad de la candidatura de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, las tribus del PRD implicadas pretenden deslindarse del papel que tuvieron en el triunfo del ahora procesado, en julio de 2011, bajo la misma coalición que había llevado a Ángel Aguirre al gobierno de Guerrero, en enero de 2011.
Integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), la coalición cobró fuerza política en momentos en que Guerreros Unidos se iban haciendo del control del estado en su lucha contra Los Rojos, gracias a la fuerza que concentró el clan de los hermanos Pineda Villa, al que perteneció María de los Ángeles, esposa de Abarca y desde el martes 4 bajo arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR).
La llegada de Abarca y su esposa al poder político se explica más allá de la división del PRI con la salida de Aguirre al no obtener la candidatura del que había sido su partido y que lo había llevado a ocupar durante tres años, de forma interina, el gobierno tras la matanza de Aguas Blancas, en 1996.
Es también consecuencia de los efectos de la fallida estrategia de Calderón. Su decisión de atacar a las cabezas de los cárteles, lo único que provocó fue el surgimiento de nuevos y más violentos grupos como Guerreros Unidos, que actúan de forma autónoma sin más control que el que ellos imponen.
Productor de mariguana y amapola, Guerrero ha sido por años también un importante corredor de drogas en la costa del Pacífico. Hasta la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en Morelos, por parte de Infantes de Marina, en diciembre de 2009, la entidad estaba controlada jerárquicamente por la organización sinaloense de los hermanos Beltrán Leyva.
Los cuñados de Abarca, Mario Pineda Villa, El MP, y Alberto, El Borrado, muertos poco antes que Beltrán Leyva, tenían el control de Morelos y Tierra Caliente, en Guerrero. La zona norte del estado, Montaña, Centro y Costa Chica estaban bajo el control de Jesús Nava, El Rojo, y fundador de la banda criminal de Los Rojos.
En Acapulco, el control era de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y en la Costa Grande, Gerardo Álvarez Beltrán, El Indio. Muerto El Barbas, fueron detenidos Valdez y Álvarez, tras lo cual Los Rojos y el otro hermano de la esposa de Abarca, Salomón, El Salo, de Guerreros Unidos, se disputaron el control del negocio.
Fueron los años de la definición de candidaturas y en las que los pragmáticos partidos de izquierda postularon a Aguirre y a Abarca.
El gobierno de Peña Nieto no podrá explicar lo ocurrido con los 43 normalistas si no esclarece además esas relaciones político delincuenciales. Nunca como ahora tiene una gran oportunidad para revelar toda la estructura política, policial, empresarial y social detrás de Abarca y sus promotores fuera de Guerrero.
Ahora el evidenciado es el PRD y de paso el PT y MC. Pero no son los únicos. El PRI y el PAN tienen sus propias historias de colusión con el narcotráfico, sólo que no se han desbordado como en Guerrero, pero también tienen que dar cuentas de la proliferación del narco en la entidad cuando y donde han sido gobierno.
Durante la administración pasada, Calderón tuvo una oportunidad similar cuando el alcalde del PAN en Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, murió como parte de una célula de Los Zetas en un enfrentamiento con el Ejército en Veracruz, en abril de 2012. Como era su partido y contrario a su perorata de combate al narcotráfico, Calderón ni hizo ni dijo nada.
Peña Nieto sabe que un “Pacto por la seguridad” es una salida falsa. Un principio de solución pasa por revelar las estructuras del poder fáctico en Guerrero, pero también en Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, gobernados por el PRI, a excepción del último, que está en manos del PRD. Veracruz, Chihuahua, Jalisco, por mencionar otros, no se escapan.
Sólo una operación a fondo contra los actuales implicados en el narcotráfico en Guerrero –civiles o militares, funcionarios federales, estatales y municipales, empresarios y todos aquellos que le sirven– podrá ser una respuesta satisfactoria a México y al mundo por la desaparición de los 43 normalistas. Lo demás, sólo será para salir del paso.