La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, dio a conocer que la comunidad del municipio de Zacualpan de Amilpas, en el oriente del estado, solicitó el apoyo de organizaciones civiles con la finalidad de impedir la construcción de instalaciones destinadas a la capacitación y adiestramiento de elementos de la Policía Federal Preventiva. La comunidad no desea ser cuartel de federales, se advirtió.En un documento dirigido a la CIDH, habitantes de Zacualpan e Amilpas denunciaron que "una empresa está construyendo un complejo para ser rentado a la Policía Federal como escuela.
Por ello, "el miércoles 18 de enero se llevó a cabo una Asamblea con la presencia de los representantes de la empresa, el gobierno municipal y la población para evaluar la viabilidad de dicho proyecto y sus repercusiones ambientales y sociales para la comunidad".
Se abundó que tras varias horas de deliberaciones, "la Asamblea Popular con mayoría absoluta, acordó exigir al edil Ángel García Yañez la suspensión definitiva de la obra dadas las secuelas funestas que a futuro representan para la comunidad".
En vista de que "la empresa expuso débilmente su proyecto con un pequeño cartel ilegible y sus representantes contestaron en forma errática a los cuestionamientos de los pobladores que en materia de agua, drenaje, basura y seguridad se les hicieron", de manera unánime se votó en contra de ese proyecto.
La Comisión Independiente precisó que "la población cuenta con cuatro mil habitantes y tiene un precario sistema de abastecimiento de agua y un raquítico sistema de manejo de aguas negras", por lo cual "las consecuencias ecológicas serían devastadoras y las repercusiones sociales serán a largo plazo catastróficas pues la empresa ha aceptado que por lo menos piensa albergar a mil reclutas".
Por la deforestación del predio y la imposición de un proyecto rechazado por la comunidad, "existe una resistencia activa y organizada que ha emprendido medidas de concientización y de acción social en contra de la división fomentada por la empresa para debilitar la fuerza de la resolución popular", advirtió la CIDH.