Un ciudadano mexico-estadunidense solicitó asilo político, por las constantes amenazas de que ha sido objeto su familia, luego de que el pasado 4 de enero del 2010, fue secuestrado por la policía municipal de Tlaltizapan y torturado en la cárcel de este lugar.
Mario Bustamante Martínez quien tiene su residencia en la ciudad de Los Ángeles, California, indicó “recibimos amenazas, infinidad de acoso y por ejemplo que iban a acabar con mi familia y como les comenté por presiones o azares del destino, un poco antes de haber dado la pasada conferencia de prensa, mi señor padre fue atropellado y falleció”.
Derivado de este hecho, Mario Bustamante, advirtió, “claro que tenemos miedo somos vecinos de este señor, en mi casa solamente vive mi mamá que es una ancianita, mi hermana y los niños todos menores de edad”.
Con ese temor advirtió, no ha podido regresar a Estados Unidos desde el pasado mes de diciembre, cuando regresó a México en plan de descanso, por el temor de que en su ausencia su familia vuelva a ser detenida por el alcalde.
Y expresó, “vivimos diariamente y a cada momento con ese miedo, de que cualquier rato este individuo vuelva a ordenar que nos hagan algo”, por lo que se han pedido medidas cautelares, pero esta sólo se ha brindado de manera esporádica.
Las amenazas han sido directas y son individuos armados, los que se han presentado ante este ciudadano, para amedrentarlo al igual que sus testigos, con el propósito de que desistan de las demandas presentadas en su contra.
Durante su detención y tortura se encontraba presente el presidente municipal de Tlaltizapan, Ennio Pérez Amador, de extracción priísta, quien ordenó la detención y tortura de toda la familia, así como el traslado de la misma a los separos municipales.
Derivado de esta agresión, la familia presentó una denuncia penal que se encuentra congelada y una queja ante la comisión estatal de los derechos humanos; esta última resuelta a favor de la familia de migrantes para que alcalde repare los daños y pida una disculpa pública.
“Una disculpa pública que debe dar el presidente municipal Ennio Pérez Amador, reparación del daño moral, económico y sicológico por el cual sufrimos”, sin embargo la demanda penal dijo se encuentra paralizada.
Los hechos se registraron el año pasado, luego de que patrullas de la corporación policiaca municipal, bloquearon la entrada a la casa de la familia, lo que molestó al alcalde quien mando a golpear sus vecinos y los detuvo.