El asesinato múltiple que cimbró a Morelos, en el centro de México, esta semana, ha revivido las demandas de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos para que deje de imperar la violencia y la delincuencia en el estado.
Entre los siete cuerpos localizados en un auto este lunes estaba Juan Francisco Sicilia Ortega, un joven de 24 años, estudiante destacado, estimado por sus vecinos y defensor de causas sociales. Era hijo de Javier Sicilia, periodista y colaborador en varios medios mexicanos, como La Jornada, Letras Libes y Proceso, poeta mexicano y también activista.
También se identificó a María del Socorro Estrada, de 44 años, una empleada del Hotel París Burgos; Jaime Gabriel Alejo Cadena, comerciante de 25 años, dedicado a la venta de juguetes; Álvaro Jaimes Avelar, de 44, y a sus sobrinos Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, el primero era un estudiante de 20 años y el segundo empresario de 24 años.
Un hombre más, de 47 años, no ha sido identificado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos no ha logrado establecer el vínculo entre estas siete personas, salvo que la mayoría de ellas —los veinteañeros—, estaban en una fiesta.
Medios locales y nacionales publicaron que un mensaje atribuido a narcotraficantes apareció junto a los cadáveres. El supuesto texto señalaba que alguno —o alguno de los asesinados— hizo "llamadas anónimas" al Ejército para denunciarlos y que por eso se estaban vengando. Pero la procuraduría local se negó a confirmar esta versión.
El cártel del Pacífico Sur (CPS) es rival del Golfo. El primero apareció después de que el capo Arturo Beltrán Leyva fue asesinado por elementos de la Marina en diciembre de 2009. Según informes de la Procuraduría General de la República, Beltrán fundó este grupo para confrontar a su antiguo colaborador, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.
El cártel del Golfo (CDG) es uno de los principales operadores en Morelos y disputa el territorio con Los Zetas, antiguos aliados, de acuerdo con reportes de la Procuraduría General de la República.
Kenia Franco, directora de Comunicación Social de la dependencia estatal, dijo que la investigación corresponde a las autoridades federales y que antes no habían reibido nada sobre este tipo de advertencias.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) —una asociación civil para la defensa de los derechos humanos— tampoco puede confirmar la existencia de estas advertencias, pero alerta sobre la posibilidad de que las denuncias anónimas, en realidad no sean secretas.
"¿Cómo, los que los matan, tenían conocimiento de ello (las denuncias anónimas)? ¿Quiere decir que están infiltrados entre los militares que reciben esta información? Es una especulación pero exigimos que haya una investigación a fondo, porque no podemos darle credibilidad a todo lo que trasciende", menciona José Martínez Cruz, presidente del CIDHM en entrevista con CNNMéxico.
Martínez Cruz cuenta también que la noche del lunes aparecieron dos mantas firmadas por el cártel del Golfo, deslindándose de los asesinatos.
“No podemos creer esta afirmación, ¿quién lo firma, quién lo asegura, quién está detrás de esto? La sociedad no lo sabe; hay tantas dudas, pero es un caso que debe ser claramente investigado", agrega el defensor.
Según datos de esta organización civil, en el primer cuatrimestre de 2011 se han registrado 82 homicidios violentos, poco menos de la mitad del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.
En los últimos cinco años han sumado 1,250 casos. En muchos de éstos se trata de muertes de trabajadores, obreros, estudiantes, "de cualquier persona”, añade Martínez Cruz.
Este miércoles varias organizaciones de defensa de los derechos civiles montaron una ofrenda en el centro de la capital para honrar la memoria del hijo de Sicilia. A su vez, protestaron por la ola de violencia que "ha cobrado hasta el momento más de 400 vidas en el estado, en su mayoría de jóvenes, sin que haya avances satisfactorios en las investigaciones de estos hechos".
Entre los buenos y los villanos
En el estado de Morelos, según un informe de la CIDHM de 2010, se vive un "acelerado proceso de espiral de violencia, donde se alimentan mutuamente el crecimiento de la presencia de grupos delictivos fuertemente armados y una militarización de todos los ámbitos de la vida social en Morelos".
En 2010 se contabilizaron 335 homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada; el año anterior la cifra fue de 114. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se suman 529 los muertos, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal.
El pasado 14 de marzo varias organizaciones de la sociedad civil de México hicieron un llamado para que el Estado cumpla ante la comunidad internacional sus compromisos en la construcción de un mecanismo de protección que incorpore a poblaciones en riesgo como periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos.
Las organizaciones Centro de Comunicación Social, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Grupo de Información en Reproducción Elegida y siete más advirtieron que la violencia contra estos grupos sigue en incremento en zonas como Chihuahua y se mantienen en estados como Guerrero y Oaxaca, así como las agresiones a periodistas en estados como Chihuahua, Coahuila, Morelos.
Justo en este último estado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos tiene el registro de 27 amenazas del crimen organizado contra periodistas.
Pero además, la CIDHM señala que existe un debate en términos de seguridad pública, como respuesta a un escenario peligroso.
"Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza", señala.
La Comisión Nacional de derechos Humanos, en su Sistema Nacional de Alerta de violación a los derechos Humanos, enlista a Morelos como la sexta entidad con el mayor número de quejas presentadas ante la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por trato cruel o inhumano durante las detenciones de presuntos sospechosos, detenciones arbitrarias, imputar indebidamente la fuerza pública, entre otros.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) analizó 128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores mexicanos ocurridos entre el 2006 y agosto de 2009, encontrando 10 homicidios y 26 procesos penales emprendidos en contra de 32 defensores y defensoras presuntamente como represalia por su labor.
La OACNUDH reportó que la impunidad rige en más del 98% de los casos.