2011/01/25
AMPARAN A PRESIDENTE DE JOJUTLA ANTE POCIBLE ASEGURAMIENTO POR LA PGR
Edil de Jojutla e hijo se amparan tras aparecer en narconómina, Enrique Retiguin Morales promovió el juicio de garantías contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución por parte de la PGR
Un juzgado federal admitió la demanda de amparo promovida por el alcalde de Jojutla, Enrique Retiguín Morales, a quien se le concedió la suspensión contra cualquier orden de aprehensión por delitos federales. El edil apareció en una narconómina decomisada a sicarios en un retén el pasado miércoles 19 de enero.
Bajo el expediente 91/2011, el alcalde priista promovió el juicio de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito “contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución” por parte de la Procuraduría General de la República.
En una reunión de alcaldes realizada este martes en Tepoztlán, Morelos, el alcalde de Zacatepec, José Carmen Cabrera Santana, uno de los cuatro ediles mencionados en la narcolista aseguró que no demandará por el daño a su imagen.
Y precisó, “honestamente yo lo digo categórico, yo no he personalmente visto si voy a demandar o no”, pero la dirigencia de PRI estatal, se encargó de precisar que ante la PGR no ha sido presentada ninguna narconómina.
El juzgado federal concedió al edil jojutlense la suspensión provisional contra posibles actos de la PGR y fijo como garantía el pago de dos mil 500 pesos, así requirió informes a la autoridad.
El juicio de amparo fue promovido el 21 de enero, dos días después de que el Ejército Mexicano puso a disposición del Ministerio Público Federal a dos sujetos que fueron detenidos con más de 280 mil pesos, armas y un cuaderno con nombres de policías corruptos de la zona sur del estado.
En estas listas también aparecen los alcaldes de los municipios de Amacuzac, Zacatepec, Jojutla, Tlaquiltenango y Tlaltizapán, quienes presuntamente reciben dinero del crimen organizado.
También, bajo el expediente 92/2011, Rubén Retiguin Navarrete (hijo del edil) promovió un juicio de amparo y obtuvo bajo el pago de una garantía de dos mil 500 pesos la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión de la PGR.
Asimismo, en el Juzgado Sexto de Distrito otro funcionario municipal promovió juicio de amparo también contra cualquier acto de la PGR, sin embargo, el quejoso solicitó a la autoridad federal reservar sus datos personales bajo los derechos tutelados en la ley federal de transparencia y acceso a la información.